El Bloque de Concejales de Cambiermos presentó en el Concejo Deliberante una resolución solicitandolé al Departamento Ejecutivo Municipal informe a través de la Jefatura de Gabinete las acciones tomadas en relacion al funcionario Luciano Dorcazberro. El pedido de Cambiemos se basa en el episodio difundido pr el medio de comunicacon geselino, en donde en un audio, el funcionario púbico le anunció a la responsable comercial del medio la baja de la pauta por una discrepancia por la línea editorial del medio. Dorcazberro depende de la Jefatura de Gabinete de Cristian Angelini, funcionario que a la fecha tampoco se ha pronunciado sobre el episodio. Entre los considerandos se señala que "..del audio señalado se desprende que el Municipio decide dar de baja la pauta publicitaria, dando a entender un margen de intervención del Departamento Ejecutivo Municipal sobre la Línea editorial del medio de comunicación.."

Cambiemos se fundamenta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como "Pacto de San José de Costa Rica" que "..existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados".

Que el artículo 13.3 de la citada Convención se refiere, específicamente, a estos mecanismos indirectos que tienden a “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

La normativa citada por el Bloque de Conejales cuenta con jerarquia Constitucional según se desprende de lo preceptuado en el artículo 75 inciso 22; que en en su principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Por último, desde Cambiemos aseveran que ".. la conducta del funcionario público evidenciando la intromisión en la línea editorial de un medio de comunicación es una conducta que debe ser repudiada..".

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