El tratamiento del ingreso de Villa Gesell al Programa Nacional de uso del suelo trajo aparejado el debate sobre la posición del Frente de Todos, que impide que los proyectos de Cambiemos en materia de usurpaciones avancen.

Cambiemos tiene presentada y en Comisión hace dos años un proyecto para crear un registro de propiedades usurpadas, que se confeccionaria en base a una declaración voluntaria de los propietarios que sufren el delito, y acerquen la denuncia judicial del mismo. Por el tema. el Bloque que preside el ex intendente Luis Baldo presentó un pedido de pronto despacho.

Además, Cambiemos reclama que el Intendente tenga un pronunciamiento claro en la materia, y acompañe la presentación efectuada por la Municipalidad de Pinamar ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el Juicio Político del Titular de la Fiscalía de Usurpaciones y Flagrancias UFID 5, por lo que el propio intendente Martín Yeza señaló que "no tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre sufunción. La fiscalía nace para luchar contra las usurpaciones y no fue así".

La crítica que desde el trabajo en Comisión hace el Frente de Todos a la iniciativa de Cambiemos se encuadra en un comentario que el cuestionado Fiscal de la UFID 5 hizo acerca de la posible inconstitucionalidad de “confeccionar un registro con quienes usurpan, pero no tienen aun condena”.

Paralelo a esto, el frente de Todos impuso hace unos dias el pase a Comisión de un pedido de informes sobre la composicion actual del "Banco de Tierras Municipal", creado por Ordenanza 2021 en el año 2005, como una forma de dar trasparencia a las propiedades del Estado, y evitar ocupaciones.

Nada se dice sobre municipios donde el registro existe, como en Comodoro Rivadavia, donde se lleva un registro de propiedades del estado usurpadas, y fija penalidades; Junin en donde se impulsa un proyecto similar por parte del Intendente; o en Reconquista donde por ordenanza se establecen penalidades en la entrega de viviendas a quienes hayan usurpado; e incluso el caso de Mercedes, en donde con el cambio de orientación política la ordenanza se derogó.